Capítulo 1
Análisis de la regulación de la prueba 
pericial en el sistema oral civil 
colombiano
Jaime Rodrigo Rambao Hernández1
Jorge Armando Valdelamar Montes2
Félix Ramón Mendoza de la Espriella3
Resumen
El sistema oral en Colombia respondió a tendencias internacionales 
sobre la adopción del sistema de audiencias para privilegiar la 
favorabilidad hasta el momento muy a pesar de las dificultades que 
se han presentado desde su implementación. Con ello todos esos 
cambios adoptados por el Código General del Proceso (Ley 1564 de 
2012), trae consigo importantes cambios referentes a las dinámicas 
jurídicas que se presentaban en el Código de Procedimiento Civil. 
Uno de esos cambios es la denominada prueba pericial, que ingresa 
como parte de nuestro sistema judicial, y ha sido objeto de debates 
por los grandes juristas del país. Conocedores estos de la realidad 
probatoria que se vive al interior de los estrados judiciales al tener el 
juez o director del proceso conocimiento de las pruebas por valorar 
y su experticia en el tema. El presente trabajo permitió analizar la 
figura de la prueba pericial bajo los objetivos trazados. Como primer 
objetivo planteado se conceptualizó el sistema judicial oral y la 
prueba pericial. En el segundo objetivo se caracterizó el sistema oral 
civil y la prueba pericial en el ordenamiento colombiano. Finalmente 
1  Abogado, Magister en derecho procesal, Coordinador del Área jurídica de la 
Escuela de Posgrados de la Corporación Universitaria del Caribe – CECAR. Correo: jaime.
rambaoh@cecar.edu.co 
2  Abogado, Especialista en derecho procesal civil, Maestrante en Derecho y Nego-
cios Internacionales, Conciliador Extrajudicial en Derecho, Docente investigador adscrito 
al Centro de Investigaciones Sociojurídicas y a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 
Coordinador Académico del Programa de Derecho de CECAR. Correo: jorge.valdelamar@
cecar.edu.co 
3  Abogado, Magister en Educación, Doctor en educación, Docente Investigador 
adscrito al Centro de Investigaciones Sociojurídicas de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas de la Corporación Universitaria del Caribe – CECAR. Correo: felix.mendoza@
cecar.edu.co 
DOI: https://doi.org/10.21892/978628-7515185.1
Jaime Rodrigo Rambao Hernández, Jorge Armando Valdelamar Montes,
Félix Ramón Mendoza de la Espriella
se contrarrestó la prueba pericial en el derecho comparado. Sobre el 
tema se concluye que este es una figura novedosa que se le debe dar 
la importancia frente a las decisiones judiciales.
Palabras clave: Prueba pericial, sistema ora, perito, juez.
Abstract
The oral system in Colombia responded to international trends on 
the adoption of the hearing system to privilege favorability so far 
despite the difficulties that have arisen since its implementation, 
thus all these changes adopted by the General Code of Process (Law 
1564 of 2012), brings important changes regarding legal dynamics 
that were presented in the Code of Civil Procedure. One of these 
changes, which has become part of our judicial system, is the so-
called expert evidence, which has been the subject of debate among 
the country’s leading jurists who are aware of the reality of evidence 
in the courtroom since the judge or director of the process is familiar 
with the evidence to be evaluated and his or her expertise in this 
area. The present work made it possible to analyze the figure of 
expert evidence under the objectives set as the first objective, the oral 
judicial system and expert evidence were conceptualized. The second 
objective was to characterize the civil oral system and expert evidence 
in the Colombian system and finally to counteract expert evidence in 
comparative law. The conclusion is that this is a novel figure that 
should be given importance in the face of judicial decisions.
Keywords: Expert, System, Orality, Expert, Judge
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Análisis de la regulación de la prueba pericial en el sistema oral civil colombiano
Introducción
En el ordenamiento jurídico civil colombiano la prueba pericial está 
regulada en los artículos 226 a 235 del Código General del Proceso. Sobre este 
medio probatorio, lo primero que hay que decir es que con la transformación 
del sistema judicial civil que adoptó la oralidad como principio, y supeditó 
todas las actuaciones procesales a él, además de propender por la liberación 
y descongestión que presentaban con el rebosamiento de expedientes lo 
que conllevaba a los jueces a emitir fallos tardíamente. Lo anterior es un 
avance significativo, y es en el caso que nos ocupa, en el que el trámite de la 
prueba pericial juega papel importante al momento de tomar las decisiones 
y fallar al integrar el litigio. Por ende, el juicio oral pronostica una actuación 
efectiva y eficaz de los intereses individuales y sociales de las partes dentro 
del proceso, obteniendo verazmente una justicia integradora donde las 
partes no se vean afectadas, y se falle en justicia atendiendo a los hechos y 
pruebas decretadas y valoradas.
Desde la implementación de la oralidad, el proceso civil colombiano 
ha mostrado ser garantista, eficiente y oportuno. De ello se desprende 
que la prueba pericial es procedente para verificar los hechos en busca de 
esa sentencia justa. La cual debe ser realizada por expertos atendiendo al 
caso en concreto, dándole la mayor proximidad a ese contacto directo y, al 
mismo tiempo, con los sujetos del proceso y con los medios de prueba en 
que debe basarse la disputa plena de las partes, y la decisión definitiva del 
Juez. Analizando lo hasta ahora sustentado en este punto, se puede decir 
que la forma oral genera buenos resultados, ya que se obtiene el grado 
de la inmediación. Esto quiere decir que se da desde una relación directa 
que coincida con los sujetos procesales, medios de pruebas, el cual debe 
establecer la discusión entre las partes y la decisión absoluta del Juez.
En Colombia la prueba pericial se ha mostrado como uno de los 
inconvenientes en el entorno de los procesos civiles. El perito es designado 
por el Juez de conocimiento desde una lista que previamente se tiene 
elaborada. En el sistema escritural el juez nunca se entera si realmente los 
peritos son expertos o no, y sobre lo cual rinden su dictamen. La prueba 
pericial podrá ser solicitada a petición de parte o decretada por el juez, 
si lo cree necesario dentro del proceso. Por lo anterior, se sabe que este 
un problema grave que presenta Colombia, para darle solución se puede 
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Jaime Rodrigo Rambao Hernández, Jorge Armando Valdelamar Montes,
Félix Ramón Mendoza de la Espriella
decir que estos peritos sean elegidos por el juez o, en su defecto, que sean 
peritos de parte, y es practicarla en audiencia y si hay objeción se resuelva 
igualmente en ella. Con este sistema el juez se enterará si realmente los 
peritos asignados saben o no saben sobre el dictamen.
Ahora bien, en materia procesal civil las pruebas se deben practicar 
en audiencia con la presencia del juez. En Colombia las pruebas se llevan 
a cabo o se practican en audiencia. Quiere decir que el testimonio, el 
interrogatorio, la prueba pericial, solo en los procesos verbales y en el 
proceso verbal sumario, se practican en audiencia y en el acontecimiento 
que haya objeción al dictamen y se nombre otro perito. Con la elaboración 
del presente trabajo investigativo podremos llegar a determinar si o no es 
de gran utilidad que las pruebas puedan recibirse en el momento de la 
audiencia. Aún sabiendo que, si se puede, pero que además de recibirse se 
necesita de esa preparación y voluntad del director del proceso cuando se 
encuentra frente a la preparación de la prueba. Para (Giacomette, 2013) en 
sus apartes manifiesta:
Como lo admiten los estudiosos del derecho probatorio lo que 
no esté probado en el mundo del proceso no puede existir 
realmente para el mundo de la inteligencia del juez, porque es la 
única forma de garantizar el debido proceso y específicamente 
el derecho de defensa de los asociados envueltos en un asunto 
de carácter judicial. Las pruebas son en sí, una vez más, un 
instrumento que da pie para la debida eficacia del debido 
proceso.
Igualmente, para (Giacomette, 2015) la importancia de la prueba 
la tenemos que analizar desde dos perspectivas,  (i)  procesal, en la 
medida en que son el medio preciso para lograr el cumplimiento de un 
derecho; y la  (ii) constitucional, en la cual sin las pruebas no se puede 
dar cumplimiento efectivo al derecho sustancia. Es por ello que de todo lo 
anterior se desprende el siguiente interrogante: ¿Cuál ha sido el tratamiento 
jurídico de la prueba pericial en el sistema oral civil colombiano? Este 
trabajo de investigación reviste de gran importancia para nosotros, porque 
en Colombia aún no resulta del todo tan eficiente y eficaz todo este tema del 
sistema probatorio dentro de la oralidad. Es decir, que las pruebas, como 
se ha mencionado, se realicen en audiencia. Como bien lo mencionamos 
en la introducción que sí se realiza, pero aún estamos en iniciación frente 
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Análisis de la regulación de la prueba pericial en el sistema oral civil colombiano
a esa celeridad que es lo que se busca para emitir un fallo, que además no 
se cuenta con la suficiente experticia para ello. Si la sentencia se manifiesta 
mucho tiempo después, como sucede en Colombia, el juez no perpetuará 
como dice Platón “desde su propio interior y de por sí”, sino que tendrá 
que acudir a las grabaciones y a las actas, y como resultado la inmediación 
quedó cambiada en un simple ritualismo, sin ninguna beneficio.
En cuanto a las pruebas se considera que no, simplemente por 
las razones ya explicadas, sino porque la audiencia para llevar a cabo la 
ejecución de las pruebas se llega a desestabilizar la armonía procesal. Lo 
que repercute en una desaceleración por parte del director del proceso. 
Dejándolo en una situación no garante para él y perdiendo su reputación, 
trasladando así su función de juez de recibir las pruebas a los funcionarios 
de su despacho. Entonces es cuando el tema de la prueba pericial nos hace 
pensar si será que seguimos adelante en la oralidad, o simplemente seguir 
en la mixtura, que es lo que evidenciamos que actualmente se desarrolla en 
el interior de los procesos.
Por tanto, esta investigación se realiza desde el enfoque cualitativo, 
atendiendo a referentes bibliográficos, teniendo en cuenta que se busca 
revisar lo atinente a la prueba pericial, su estudio, análisis, por parte del 
director del proceso. Y qué tanto sería factible que se siga realizando dentro 
o no de la audiencia. Para el desarrollo de los objetivos específicos, se hizo 
una revisión del artículo 226 del Código General del Proceso, y algunas 
referencias que sobre el tema han dejado plasmado tratadistas en el tema 
de Derecho Probatorio, como es el caso de la docente y tratadista Ana 
Giacommette Ferrer, y otros. A través de la trazabilidad del tema y de la 
información pertinente, realizamos la revisión bibliográfica, delimitando el 
tema tratado, obteniendo los objetivos, tanto el general como los específicos. 
Finalmente se concretaron las conclusiones.
El sistema oral civil y la prueba pericial. Apuntes teóricos y jurídicos.
La renovación de la oralidad en el proceso colombiano, se observa 
como una fórmula de insinuación encaminada a demostrar y darle solución 
a los problemas de acceso a la justicia. En lo relacionado con la inmediación, 
la congestión judicial, y, además también, los efectos que se generan por 
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Jaime Rodrigo Rambao Hernández, Jorge Armando Valdelamar Montes,
Félix Ramón Mendoza de la Espriella
razones de incompetencia y arbitrariedad de la justicia colombiana. La 
oralidad la observamos como un sinónimo de inmediación, resolución y 
agrupación del proceso, en cuanto forma parte de los sistemas judiciales, 
los cuales son de conocimiento como es el penal y laboral inicialmente; 
pero, a su vez, se ha adentrado en el derecho procesal civil y el contencioso 
administrativo.
Por lo anterior podemos decir que el juicio oral y público accede a 
la retribución efectiva de los intereses individuales y sociales que se deba 
tutelar enmarcado en el del proceso. Obteniendo, desde todo punto de 
vista, una justicia fuerte, inmaculada, pero sobretodo, que consolide el 
sentimiento de confianza de quienes acceden a la justicia para reclamar sus 
derechos. Cabe resaltar, que en Europa continental se reafirma el sistema 
inquisitivo, pero ha permanecido el juicio oral que careció de valor, en 
donde los actos del conocimiento eran decisivos, y se repetían en aquella 
etapa, y como resultado se dio la sentencia.
En países como Inglaterra y América del Norte mantienen el sistema 
acusatorio y el sistema oral, público y contradictorio. Para Palomo (2004), 
el proceso se despejaba con el significado de la terminación normal de 
un proceso o una audiencia, el cual se establece, así como un criterio de 
proceso denominado por la oralidad, en donde, como lo dice el autor, “el 
desarrollo del proceso carece de concentración y favorece la dispersión 
de las actuaciones procesales” (Palomo, 2004). Al contrario, el proceso se 
desenvuelve y divide en distintas etapas. Le falta también publicidad real, 
todo ello desemboca, como no puede ser de otra forma, en un proceso 
generalmente lento, con la existencia de una separación entre el juez y los 
hechos, con tendencia y predominio de las cuestiones de derecho, y con 
claro exceso de los formalismos.
Así pues, atendiendo a la oralidad y la incursión de la prueba pericial 
en el Código General de Proceso comienza a tener sus expectativas en la 
justicia civil colombiana. El dictamen pericial, por lo tanto, es “la opinión 
consulta de quien, habiendo analizado un conjunto de pruebas, realizado 
exámenes o experimentos, arriba a una conclusión que es ofrecida al juez 
para determinar si existe certeza o no sobre una determinada hipótesis 
procesal” (Nisimblat, 2013). Por su parte, en la Sentencia 25000232600 
(30613), del Consejo de Estado, Sección Tercera, de nov. 29/17 recordó 
que “para efectos de que un dictamen pericial pueda llevarle certeza al 
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Análisis de la regulación de la prueba pericial en el sistema oral civil colombiano
juez sobre el objeto de estudio, debe reunir ciertas condiciones” (Ámbito 
Jurídico, 2018). Así las cosas, en esta sentencia el alto tribunal explicó 
los 11 presupuestos para que un dictamen pericial pueda tener eficacia 
probatoria, los cuales son:
Que el perito informe de manera razonada lo que de acuerdo 
con sus conocimientos especializados sepa de los hechos.
Que su dictamen sea personal y contenga conceptos propios 
sobre las materias objeto de examen, y no de otras personas 
por autorizadas que sean. Ello sin perjuicio de que pueda 
utilizar auxiliares o solicitar por su cuenta el concurso de otros 
técnicos, bajo su dirección y responsabilidad.
Que el perito sea competente, es decir, un verdadero experto 
para el desempeño del cargo.
Que no exista un motivo serio para dudar de su imparcialidad. 
Que no se haya probado una objeción grave.
Que el dictamen esté debidamente fundamentado y sus 
conclusiones sean claras, firmes y consecuencia de las razones 
expuestas.
Que sus conclusiones sean conducentes en relación con el 
hecho por probar.
Que se haya surtido la contradicción.
Que no exista retracto del mismo por parte del perito.
Que otras pruebas no lo desvirtúen.
Que sea claro, preciso y detallado, es decir, que de cuenta de 
los exámenes, experimentos e investigaciones efectuadas. Lo 
mismo que de los fundamentos técnicos, científicos o artísticos 
de las conclusiones.
Pero más allá de los elementos normativos establecidos en el estatuto 
procesal, resulta necesario establecer la estructura de la prueba pericial. Es 
por ello que lo primero que hay que señalar es que la prueba pericial, el 
peritaje y el informe, tienen unos elementos o requisitos, que a continuación 
relacionamos.
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Félix Ramón Mendoza de la Espriella
El primero de los elementos es el subjetivo, según nos relata Peláez 
(2013). . Este elemento está representado en el perito en sí mismo, que 
es el instrumento de la prueba, ya que es él quien produce la prueba. El 
elemento objetivo, por su parte, se refiere a todas aquellas circunstancias 
sobre las que se practica la prueba pericial. El tercer elemento corresponde 
al de la actividad que responde a la producción de la prueba.
Dentro del tercer elemento cabe destacar que lo primero que debe hacer 
el proponente de la prueba pericial es manifestar de manera clara y concreta 
sobre todos aquellos aspectos sobre los que recaerá la prueba pericial. De la 
misma manera, el operador judicial, debe hacer la designación de acuerdo 
con la lista vigente de auxiliares de la justicia, quien, una vez comisionado 
mediante providencia judicial, tendrá tres (3) días para comparecer a su 
posesión como perito, mediante la toma de juramento de rigor. Una vez 
posesionado como tal, estará revestido para desarrollar su actividad, que 
una vez terminada deberá remitir en traslado a las partes para ejercer su 
derecho de contradicción (Peláez, 2013). La diferencia sustancial de este 
medio probatorio es que con la entrada en vigencia del Código General 
del Proceso, el perito debe presentar su informe y sustentarlo oralmente 
en audiencia, y someterse a las reglas de interrogatorio en la diligencia 
judicial; cosa que no sucedía en la anterior legislación, donde solamente 
enviaba su informe, sin tener que dar cuenta a las partes ni al juez sobre su 
pronunciamiento.
Para Nisimblat (2013), la función fundamental del perito es la 
socialización de la prueba y la garantía del derecho de contradicción de la 
misma. Además del apoyo científico y técnico que no posee ni el juez ni la 
partes para obtener todos los elementos objetivos de juicio en su decisión 
en una causa judicial. Para ello debe sujetarse a lo establecido en los apartes 
del Código General del Proceso, que regulan este medio de prueba, y que 
se soportan en la necesidad de verificación de todos aquellos elementos 
fácticos que requieran para su verificación de conocimientos científicos o 
de arte o técnicos.
Ahora bien, por otro lado hay una serie de requisitos que deben 
tenerse en cuenta al momento del decreto de este medio probatorio, y que 
el tratadista Ramón Peláez (2013) señala de manera clara en su obra, a 
saber:
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Análisis de la regulación de la prueba pericial en el sistema oral civil colombiano
1. Requisitos para la existencia del dictamen.
2. Requisitos para la validez del peritaje.
3. Requisitos para la eficacia probatoria del peritazgo.
Sobre el primer conjunto de requisitos, se establece que para que 
pueda existir un dictamen pericial, indudablemente debe tratarse de un 
acto procesal, consecuente de un encargo o disposición judicial, producido 
de manera personal. Es decir, que sea una persona la que emita el dictamen 
indistintamente que para ello sea filial a una organización. Adicionalmente, 
el peritaje debe circunscribirse a los hechos a probar y no sobre derechos a 
inculcar, y el perito debe ser un tercero neutral.
Sobre el segundo requisito, prosigue el autor, para que sea válido 
un peritaje se requiere que la orden se haya producido con apego a la ley. 
Que el perito tenga capacidad jurídica para desempeñar el rol de auxiliar 
de la justicia, que se posesione formalmente, que haga presentación de su 
dictamen de forma legal, que sea un acto consciente, que no exista ningún 
tipo de restricción o prohibición para la práctica de la prueba, y que la 
actividad haya sido realizada de manera personal.
Finalmente, sobre el tercer aspecto, Peláez (2013) indica se deben 
cumplir unos presupuestos para que el peritazgo sea eficaz, entre ellos, 
que el dictamen sea conducente, que el perito sea competente, que no 
hayan causas que puedan comprometer su imparcialidad. Que la pericia 
se encuentre debidamente fundamentada, que el dictamen sea claro, firme 
y consecuente. De la misma manera se establece que el dictamen haya 
sido sometido a las reglas del contradictorio, que no se haya realizado 
retracto sobre el mismo, y que la aportación y prácticas de otras pruebas no 
contradigan lo manifestado en el informe pericial.
Marco normativo
La pericia está concebida como un medio de prueba. Es indiscutible 
que para operar en el proceso y tener eficacia probatoria deberá satisfacer 
los requisitos impuestos por las normas que la regulan. Pero, además, en su 
desarrollo deberán resguardarse las garantías individuales para un proceso 
en igualdad entre las partes (C.G.P. Art. 165).
La prueba pericial la estudiamos desde siempre,
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es así como en el Código de Procedimiento Civil se establecían 
ciertas reglas para el estudio de las pruebas, muy a pesar de 
que la prueba pericial ingresa al Código General del Proceso 
expresando: “La prueba pericial es procedente para verificar 
hechos que interesen al proceso y requieran especiales 
conocimientos científicos, técnicos o artísticos (C.G.P. art. 226 
Inc. 1).
En Colombia se ha asumido desde el anterior Código de Procedimiento 
Civil la libertad probatoria (art. 175 CPC), lo cual ha sido ampliado en el 
Código General del Proceso en el artículo 165, al establecer como medios 
de prueba la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio 
de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, 
los indicios, los informes, y cualesquiera otros medios que sean útiles para 
la formación y el convencimiento del juez. Expresando que los medios 
no regulados deberán ser practicados sobre los procedimientos de medios 
análogos. De esta forma, el juez practicará las pruebas no previstas en el 
código de acuerdo con las disposiciones que regulen medios semejantes 
o según su prudente juicio, preservando los principios y garantías 
constitucionales. En efecto, el Art.227 del CGP prevé que:
La parte que pretenda valerse de un dictamen pericial deberá 
aportarlo en la respectiva oportunidad para pedir pruebas. 
Agrega la disposición, inclusive, que si la parte no cuenta con 
tiempo suficiente para aportar el dictamen deberá al menos 
anunciarlo y posteriormente entregarlo dentro de los diez días 
siguientes. Tal dictamen, acompañado por una parte, deberá 
ser emitido por institución o profesional especializado (Código 
General del Proceso, 2012).
La experticia del juez frente a la prueba pericial
El juez deberá realizar un juicio de admisión respecto a los medios 
probatorios allegados por las partes en forma regular y oportuna (Código 
General del Proceso, 2012). Por regularidad y oportunidad se entiende 
que deben ser ofertadas conforme a las reglas procesales sobre la oferta 
probatoria (tiempo, lugar y modo) y lo relativo a las particularidades de 
cada medio. El juicio de admisión es un juicio prima facie en el cual el 
juez debe examinar la necesidad de la prueba, la pertinencia y la licitud. 
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Análisis de la regulación de la prueba pericial en el sistema oral civil colombiano
Consecuentemente, el artículo 169 eiusdem dispone que las pruebas deban 
ser decretadas cuando sean útiles para la verificación de los hechos, ya 
sean a petición de parte o de oficio. El juez rechazará de plano, mediante 
providencia motivada, las pruebas ilícitas notoriamente impertinentes, 
las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles, tal como lo 
estatuye el artículo 168 eiusdem. La decisión de admisión de decreto de 
pruebas de oficio no admite recurso (art. 169 eiusdem). Debe interpretarse 
que la decisión sobre los medios de prueba a petición de parte si admiten 
recurso.
Hay que distinguir mucho antes de conceptuar que implica la práctica 
de los medios admitidos en fase probatoria, lo concerniente a la práctica de 
pruebas. Tesis que desarrolla Devis Echandia (1988) al afirmar que:
Literalmente significa el procedimiento para llevar a cabo el 
medio probatorio (oír al testigo o a la parte en interrogatorio, 
observar las cosas en la inspección, expedir copias, incluyendo 
el oficio o despacho que el juez de la causa debe librar al 
funcionario bajo cuya custodia está el documento).
La labor del operador jurídico cobra protagonismo a la hora de la 
asunción y la valoración del dictamen pericial, indicando, en primera 
medida, que el juez está facultado para valorarlo de acuerdo a las reglas 
de la sana critica, y para ello en conjunto se deberá tener de presente la 
idoneidad del perito, los fundamentos y argumentos de carácter científico 
y técnicos que acompañan el dictamen pericial, entre otros. Por lo que si el 
juez decide rechazar el peritazgo debe hacerlo con base en razones de igual 
importancia y trascendencia. Esta regla también aplica a las partes (Peláez, 
2013).
Por tanto, se tiene de manifiesto que el dictamen pericial no es 
una mera actuación judicial, sino un verdadero medio probatorio, y una 
declaración de ciencia dentro de un proceso judicial, ya que el perito, en sí, 
no persigue lograr efectos jurídicos con su pronunciamiento, sino brindar 
los elementos de juicio al operador jurídico para tomar la decisión que 
ponga fin a la litis sobre la que se debate. Tan es así que el juzgador no está 
en la obligación de aceptar las conclusiones de los peritos, sin embargo, 
siempre serán importantes para esclarecer los hechos que se pretenden 
probar.
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Finamente está el tópico de la prueba pericial de parte, autorizado 
en el artículo 227 del Código General del Proceso, y consistente en que 
al momento de los actos introductorios de la demanda, las partes pueden 
aportar el peritaje como elemento de prueba. No bstante, estará supeditado 
al contradictorio correspondiente, y no por ello el perito no comparecerá 
a la audiencia en donde se calificará el informe y se someterá a discusión 
probatoria por parte del juez, y de las partes en la debida diligencia (Peláez, 
2013).
Derecho comparado frente a la prueba pericia en el derecho procesal 
civil
En el régimen vigente iberoamericano la carga probatoria se impone 
fundamentalmente a las partes. Reservándose para la actividad oficiosa del 
juez solo la posibilidad de decretar, una vez puesto el proceso en estado 
de sentencia, medidas para mejor resolver (Código Modelo Procesal Civil 
para Iberoamérica, 2006) “La prueba pericial una vez procede, cuando para 
verificar hechos que interesen al proceso son necesarios conocimientos 
artísticos, científicos o técnicos especiales” (Art. 165).
El ordenamiento procesal civil mexicano plantea una mixtura de 
ordenamientos que se han abordado para cada estado, lo que implica que 
no rige el mismo ordenamiento para todo este país. Sin embargo, cabe 
esgrimir los principales aspectos que vinculan al ordenamiento procesal 
mexicano para integrarlo con los demás países que se han expuesto. En 
México el principio inquisitivo se aplica en el derecho laboral, en materia 
penal y en materia familiar, de acuerdo con el art. 271 del Código Civil, 
donde se otorga al juez la facultad de decretar de oficio las pruebas. La 
mayoría de los estados manejan el principio dispositivo del proceso civil, 
en el que la prueba pericial debe ser aportada por las partes (Barrera, 2007. 
Pág.62).
En el Código Orgánico General de Procesos de Ecuador se establece 
que los medios probatorios con los que cuenten las partes o su posible 
obtención, deben ser adjuntados en la demanda, contestación a la demanda, 
reconvención y contestación a la reconvención. Salvo disposición expresa 
en contrario que se establezca en el Código (art. 159). Como ya se expresó 
en Ecuador se asumió la pericia de parte, sin descartar la prueba judicial 
(Código Orgánico General de Procesos, 2015).
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Análisis de la regulación de la prueba pericial en el sistema oral civil colombiano
El régimen de la pericia en el Derecho procesal venezolano, también 
de porte inquisitivo, la valoración judicial la realiza la autoridad judicial 
bajo el sometimiento a la congruencia y exhaustividad, quien determinará 
si el medio de prueba merece ese valor demostrativo o no, esto sobre la base 
de su criterio y buen juicio. Lo que implica que será la forma de valorar a 
concederles o a negarle ese valor a las pruebas. Se considera que el objeto 
de la prueba es demostrar la veracidad o certeza de ciertos hechos (Rivera, 
2009).
La primera dificultad con que se tropieza al abordar el estudio de la 
prueba en derecho, nace de la diversidad de nociones del vocablo prueba. 
Se usa, justamente, en el sentido de medio de prueba, o sea para designar 
los distintos elementos de juicio, producidos por las partes o diligenciados 
por el juez, a fin de establecer la existencia de ciertos hechos en el proceso 
(testigos, experticia, etc.). O, en segundo lugar, se asume como prueba la 
acción de probar, por ejemplo, al actor incumbe la prueba de los hechos 
por él afirmados: actor probat actionem. Finalmente, también se entiende 
por prueba el fenómeno psicológico producido en la mente y espíritu del 
juez, o sean la convicción o certeza acerca de la existencia de los hechos 
alegados, y se dice él probó sus alegatos o afirmaciones.
Desprendemos de todo este estudio que hemos abordado y analizado, 
que efectivamente el juez como director del proceso, como garante de los 
derechos de las partes, se encuentra en una encrucijada frente a la valoración 
de las pruebas. Vemos pues que el Juez en si no es un experto en todas las 
áreas y disciplinas, pero que está obligado a verificar, estudiar y razonar 
frente a esas pruebas que se le aporta en el proceso, o bien aquellas que 
tiene que verificar al momento de una inspección judicial.
Si el juez reconoce no disponer de los conocimientos adecuados, 
asoma la cuestión: la elección del experto. Al respecto, las normas procesales 
acostumbran a ser lacónicas, exigiendo p. ej., que el experto posea un 
título oficial, y quizás que guarde una conducta moral intachable, o incluso 
que preste juramento de proceder bien y fielmente en sus operaciones; 
pero son normas que priorizan más bien un principio de neutralidad 
despreocupándose de un control eficaz sobre la cualificación profesional del 
perito y quizás éste no tenga la altura científica requerida en las dificultades 
por resolver. En ello radica el grado de atendibilidad extrínseca que alcanza 
su informe.
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Jaime Rodrigo Rambao Hernández, Jorge Armando Valdelamar Montes,
Félix Ramón Mendoza de la Espriella
Por ello, finalizamos manifestando, y es de nuestro criterio, que 
al juez se le deben brindar las herramientas necesarias y recibir de parte 
del estado las garantías y condiciones pertinentes para que, a través de 
verdaderos expertos, pueda apoyarse y de esa manera al momento de 
realizar su experticia frente a lo presentado por el perito, tenga la suficiente 
contundencia para aceptarla o rechazarla.
Conclusiones
Una vez hecho el análisis de la prueba pericial a la luz de la legislación 
procesal civil y el sistema oral adoptado por el Código General del Proceso, se 
identificó que si bien hemos avanzado en la implementación y apropiación 
de la oralidad, falta mucho camino por recorrer en nuestro sistema judicial. 
Colombia acoge el sistema oral sin hacer un estudio minucioso de lo que 
se debía tener para enfrentar la problemática que se podía presentar con su 
implementación. De ello podemos dar cuenta que los estrados judiciales 
en el país no contaban con la infraestructura física adecuada, y aún a pesar 
de haber pasado varios años de su implantación, se sigue fallando en ese 
problema o asunto.
Todo esto conlleva a que el tema que nos compete en este trabajo 
aporta un análisis crítico a la figura de la prueba pericial en el sistema 
oral civil colombiano, que se ve empañado puesto que todo lo que se ha 
legislado en referencia al tema tiende a que el juez haga una valoración 
detallada, clara y exhaustiva de los peritazgos aportados, y que él como 
director del proceso se enfrenta a una realidad en el cual no se encuentra 
del todo preparado, atendiendo a que él
el juez no es un experto en todos los temas, y que muy a pesar de 
que cuente con el aval de peritos expertos, es el juez quien, al final de 
la contienda, tiene que tomar la decisión de si la prueba es totalmente 
conducente o no.
Así las cosas, las modificaciones introducidas en el nuevo estatuto 
procesal civil, dan cuenta del fortalecimiento de este medio probatorio y 
exige a quien lo presenta o lo solicite, así como al que lo practica, asumir 
un efectivo rol y responsabilidad so pena de las consecuencias jurídicas y 
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Análisis de la regulación de la prueba pericial en el sistema oral civil colombiano
procesales que el desconocimiento de los presupuestos procesales que lo 
regulan, y que se han detallado de marera clara y concisa en el presente 
documento de investigación.
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