Examinando por Materia "Cemento."
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Ítem Acceso abierto Responsabilidad de las empresas frente a las violaciones de los derechos humanos. Estudio de Caso: Fiducor y/o Alianza Fiduciaria y/o Argos, S.A, Colombia, años 2018-2022 /(Corporación Universitaria del Caribe - CECAR, 2024) Carbajal Torres, Lilia Alejandra.; Plaza Alean, Kelly Andrea.; Narváez Mercado, Berónica.El caso Fiducor y/o Alianza Fiduciaria y/o Argos en Colombia fue una investigación y proceso legal relacionado con prácticas monopolísticas y abuso de posición en el mercado del cemento en el país, vulnerando muchos de los derechos de muchos campesinos en el departamento de Sucre. La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia llevó a cabo una investigación que concluyó en 2015 con una multa impuesta a la empresa de Cementos Fiducor y/o Alianza Fiduciaria y/o Argos ; la investigación surgió a causa de prácticas anticompetitivas que afectaban a los consumidores, campesinos de la zona y a otros actores del sector de la construcción; donde se pudo reflejar que estas prácticas lograron colocar a la empresa como objeto de críticas y denuncias por parte de organizaciones sociales. De igual modo, se analizó la responsabilidad de las empresas frente a las violaciones de los derechos humanos en el caso Fiducor y/o Alianza Fiduciaria y/o Argos , durante los años 2018-2022; con una metodología propia de una investigación de tipo Sociojurídica, toda vez que partiendo del estudio conceptual, teórico, legal, normativo y jurisprudencial, se contrarresto con la realidad social en el estudio del caso. Se llevaron a cabo estudios de características y cualidades, a través de fuentes primarias construidas por medio de encuestas, entrevistas, derechos de petición, y secundarias, como el rastreo bibliográfico de las bases de datos; y, se logró demostrar la responsabilidad de Cementos Fiducor y/o Alianza Fiduciaria y/o Argos S.A. por violación de derechos humanos, empresa que aceptó un acuerdo extrajudicial con las víctimas de la violencia, en el que se comprometió a pagar una compensación de 5,2 millones de pesos y a implementar medidas para prevenir futuras violaciones de los derechos humanos. El trabajo.