Examinando por Materia "Debido proceso."
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Ítem Acceso abierto Análisis del Principio de Publicidad frente al debido proceso en materia de infracciones de tránsito. Estudio de Caso: Magangué, Bolívar, Años 2016-2018 /(Corporación Universitaria del Caribe - CECAR, 2019) Barreiro Hernández, Omar Alonso; Carpio Insignares, Angélica María; Gómez Mafla, Oswaldo José; Narváez Mercado, BerónicaCon el desarrollo de la presente investigación se analizó el deber constitucional del Estado colombiano al momento de ejercer el control y vigilancia en las posibles infracciones por incumplimiento de las normas de tránsito. Se conceptualizó desde la doctrina y la jurisprudencia la importancia del debido proceso y el principio de publicidad en la imposición de una foto multa. También se analizó la responsabilidad solidaria del Estado Colombiano por la debida notificación de las infracciones de tránsito en Colombia, así como el marco legal y normativo por medio del cual la jurisprudencia constitucional ha diferenciado entre las garantías previas y posteriores que implica el derecho al debido proceso en materia administrativa. Adicionalmente, fue analizado todo tipo de regulación que da lugar a sanciones y restricciones por la comisión de infracciones de las normas de tránsito, así como en el otorgamiento de las facultades y competencias necesarias a las autoridades de tránsito para imponer o aplicar dichas sanciones a los infractores. Finalmente, se realizó una encuesta dirigida a todas aquellas personas que durante los años 2016 a 2018 se les vulnero el derecho al debido proceso en virtud a la indebida notificación de una infracción de tránsito. Todo lo anterior, con el fin de responder la pregunta problema: ¿Cómo se da la protección del derecho al debido proceso frente al principio de publicidad en materia de infracciones de tránsito en Magangué- Bolívar entre los años 2016-2018?, ante lo cual se ha logrado analizar que se evidencia la vulneración que existe por parte de las autoridades de tránsito en cuanto al principio de publicidad en relación con el derecho al debido proceso en procedimientos por infracciones diversas, entre ellas las iniciadas por imposición de foto multas. El trabajo.Ítem Restringido Aplicación del principio del efecto util garantiza el cumplimiento de la notificación personal en el proceso monitorio /(Corporación Universitaria del Caribe – CECAR, 2021) Bitar Calle, Jorge Antonio; Bitar Calle, María; Salom Echavez, Johana; Vega Hernández, ÁngelLa notificación por aviso, cuando no se ha podido notificar personalmente al deudor, por haberse señalado vía interpretativa en las sentencias C -726/14, 2014 y C-031/19, 2019 de la Corte Constitucional imposibilidad de notificarlo del auto admisorio, para requerimiento de pago por este medio, se encuentra como dificultad más relevante dentro del proceso monitorio y constituye a su vez un problema en la implementación práctica de dicha herramienta. El objetivo central de este estudio, es analizar el procedimiento señalado en el proceso monitorio con respecto a la notificación del deudor y de otro lado, el análisis hermenéutico de las normas que regulan la notificación en el proceso monitorio bajo la luz del principio del efecto útil de la norma con el propósito de evitar el menoscabo de derechos sustanciales y dar solución al obstáculo que, hasta el momento se hace insalvable. Así mismo llegar a una interpretación vertida de un sentido lógico e integrador de la constitución dentro de la teoría de los derechos fundamentales, para garantizar la tutela efectiva del derecho de crédito, así como la concreción material del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, que se erige como uno de los fines esenciales en el Estado Social de Derecho, al ser herramienta básica para mantener la convivencia pacífica y en armonía. Se realizará una propuesta como posible solución al problema planteado, en aras de fortalecer el instituto del proceso monitorio como medio expedito. El trabajo.Ítem Acceso abierto La constitucionalización del derecho procesal civil en Colombia, un recorrido a partir de la Constitución Política de 1991 /(Corporación Universitaria del Caribe - CECAR, 2024) Ortiz Ortiz, Quiba Mercedes.; Mercado Vital, Ana Sandiego.; García Hernández, Arlenis Celina.; Rambao Hernández, Jaime Rodrigo.El proceso de constitucionalización del derecho procesal civil en Colombia fuemarcadoa partir de constitución política de 1991, ha dispuesto para los compendios normativos y para la evolución de los insumos procedimentales en materia civil. Se observa la importancia de la legalidad y el debido proceso, lo cual ha permitido avances significativos en materia procesal civil a la luz del Código General del Proceso, todo ello dirigido al reconocimiento de los derechos fundamentales; a las garantías procesales; al control de constitucionalidad; al derecho a la tutela judicial efectiva; a la fuente jurisprudencial y a otras más. Con todo, el objetivo de esta investigación es establecer el contenido, los límites y el alcance del proceso de constitucionalización del derecho procesal civil en Colombia desde 1991. Para lograrel objetivo propuesto, el tipo de investigación implementada es jurídica, de enfoque cualitativo, basada en fuentes doctrinales y jurisprudenciales lo cual motivó a revisar en materia de constiucionalización de los distintos procedimientos la flexibilización de un sistema inquisitivo para decantarlo hacia una estructura dispositiva donde las actuaciones de parte activan el aparato jurisdiccional del Estado.Para los efectos de sus resultados, la investigación permitió concluirque, si bien las actuaciones de parte y sus negocios jurídicos son del interés del derecho procesal civil, con un carácter marcadamente dispositivo, esto no obsta para que el Estado active su sistema inquisitivo cuando las condiciones procesales así lo exijan. El trabajo.Ítem Acceso abierto Efectividad de la Acción de tutela y el debido proceso /(Corporación Universitaria del Caribe - CECAR, 2023) Amell Menco, María Auxiliadora; Canchila Guevara, Cindy Lorena; Romero Gutiérrez, GunkellLa acción de tutela como mecanismo para salvaguardar y proteger los derechos fundamentales que se vean perseguidos o vulnerados. En nuestro país se ha convertido en la base fundamental para poder recuperar en gran medida todos esos derechos a que por ley tenemos derecho de manera individual y que ha sido obstaculizados para lograr que de manera eficiente se brinden las garantías constitucionales, y es cuando entramos a revisar ese momento en que se interpone la acción y la administración de justicia entra a jugar un papel importante, porque en cabeza de ese administrador de justicia y juez constitucional en que se convierte debe velar por el cumplimiento de cada una de las etapas de esta acción para el logro efectivo del cumplimiento de quien ha incurrido en la violación de un derecho fundamental, por ello en este artículo abordamos la temática de la efectivada que pueda tener la acción de tutela y el cumplimento del debido proceso al interior del procedimiento mismo que denota esta acción. El trabajo.Ítem Acceso abierto Eficacia del Procedimiento Administrativo Sancionatorio aplicable al contratista incumplido: Estudio del caso: Contrato Estatal de Obra No. LP-001-2018, Suscrito en el municipio de Sincelejo, Sucre, Colombia /(Corporación Universitaria del Caribe - CECAR, 2024) Arteta Arango, Asael Antonio.; Liliana José Acosta Aguas.; Caña Mercado, Elizabeth Paola.; Díaz Fernández, Dairo.A través de una investigación de tipo socio jurídica, con un enfoque cualitativo con el estudio de fuentes secundarias, se puso en evidencia la Potestad Sancionatoria Administrativa desde un marco contractual, permitiendo hacer ver que el procedimiento administrativo sancionatorio contractual surge como respuesta a una crisis institucional que parte de un problema central y estructural denominado incumplimiento contractual, determinando la Ley 1437 de 2011 y algunos de sus articulados como aquel método que brinda las herramientas jurídicas para que las autoridades administrativas puedan ejercer la potestad sancionatoria frente a los diferentes incumplimientos y de esta forma se puedan cumplir los fines del Estado a través de la contratación. Es por esto que, se acometió analizar la eficacia del procedimiento administrativo sancionatorio contractual aplicable al contratista incumplido: Estudio del caso Contrato Estatal de Obra No. LP-001-2018, Suscrito en el municipio de Sincelejo, Sucre, determinando si el accionar del contratante, contratista y garante se surtieron en armonía a la regulación del Código de procedimiento administrativo y si en el marco de la potestad sancionatoria fueron aplicados en materia administrativa el debido proceso, derecho a la defensa y contradicción, principio de proporcionalidad, tipicidad, entre otros frente a la imposición de multas y clausula penal, las cuales tienen como finalidad evitar el incumplimiento de las obligaciones pactadas, reparar el perjuicio causado y que la administración pueda, de esta forma, salvaguardar el patrimonio del Estado; lo que dio como resultado, evidenciar un proceder eficiente por parte de la administración, logrando concluir que ésta tuvo un buen actuar al momento de aplicar los procesos administrativos correspondientes, así como también, se pudo determinar el buen desempeño de su rol al salvaguardar el patrimonio que le es asignado para ejecutar su función . El trabajo.Ítem Acceso abierto Estabilidad laboral relativa de empleados sujetos de especial protección, nombrados en provisionalidad en Colombia /(Corporación Universitaria del Caribe - CECAR, 2022) Cohen Flórez, Mercedes Paola; Mendoza Humánez, Mónica MarcelaEl presente artículo, fue una revisión académica sobre estabilidad laboral relativa a la que tienen derecho los empleados nombrados en provisionalidad en Colombia. Esto, teniendo en cuenta el especial cuidado que se deriva en ellos, cuando son sujetos de especial protección, pero son declarados insubsistentes. Se hizo un estudio jurídico que desarrolló paralelismos de las circunstancias abren el camino para discusiones jurídicas sobre la protección de la estabilidad laboral, la protección del empleo y, por supuesto, la necesidad de promover actos administrativos que generen subempleo sobre la base de sustentar un juicio justo. Se planteó el objetivo de: valorar la estabilidad laboral relativa de los empleados nombrados en provisionalidad, por la expedición de los actos administrativos de declaratoria de insubsistencia. La metodología se desarrolló en una revisión bibliográfica de tipo jurídica, con enfoque descriptivo, en la que se utilizaron fuentes secundarias de información. Como resultados se obtuvo que existen suficientes bases legales en caso de convocatoria de declaración provisional de inexistencia de dicho funcionario en Colombia, como garantía de respaldo y protección de los derechos fundamentales de éste, que se fundamenta en la obligación de motivar dicho acto, así como de proteger especialmente a quienes estén en estado de vulnerabilidad, como los funcionarios cabeza de familia, pre-pensionados, o personas con alguna limitación. Finalmente, se concluyó que Lo anterior, resaltando la coyuntura con base a la cual, aunque deben protegerse estas prerrogativas descritas, la realidad social que se evidencia en la burocracia colombiana, es que se declaran insubsistentes, sin ningún tipo de argumento, basados en que el carácter y naturaleza de nombramiento en provisionalidad lo permite así; y muy a pesar de los precedentes jurisprudenciales al respecto. El trabajo.Ítem Acceso abierto Garantía del acceso a la administración de justicia y el principio de celeridad en el marco de la Ley 1564 de 2012 en Colombia /(Corporación Universitaria del Caribe - CECAR, 2024) María Mónica, Gómez Botero .; Liseth Marcela, Yerene Hoyos.; Valdelamar Montes, Jorge Armando.El emplazamiento, como acto de comunicación procesal, permite que el demandado o personas interesadas se enteren de la existencia de un litigio y este pueda actuar dentro del plazo establecido por la ley. Es una investigación netamente jurídica, la metodología es cualitativa, se realizó bajo el análisis de casos, jurisprudencia y doctrina relacionadas con la correcta impartición de justicia y el ejercicio de la defensa dentro de un litigio oneroso. El objetivo de este trabajo está orientado a establecer si con la notificación por emplazamiento a la luz de la Ley 2213 de 2020, se identificar si se brindan garantías al derecho a la defensa; para ello, se hace necesario conceptualizar, identificar la normatividad vigente buscando contrastar los defectos que contiene esta regulación normativa. De acuerdo a lo expresado anteriormente, se concluyó que la implementación del artículo 10 de Ley 2213 de 2022, con el uso exclusivo de las herramientas virtuales de la Rama Judicial, transgrede el derecho efectivo a la defensa, en el entendido de que las normas surgen de acuerdo el contexto y a la necesidad de resolver los conflictos de intereses entre los seres humanos, es por ello que deben ser garantes de que las oportunidades procesales y el debido proceso estén presentes en igualdad de condiciones y armas para ambas partes en disputa y se garantice el acceso a la justicia a toda la población que vive bajo el amparo de la norma citada, por lo que se hace necesario ahondar en la inconstitucionalidad de este artículo. El trabajo.Ítem Acceso abierto Manual de derecho Procesal Civil en el marco del ordenamiento Jurídico Colombiano /(Corporación Universitaria del Caribe - CECAR, 2023) Murillo de Romero, Liliana; Valdelamar Montes, Jorge ArmandoEn la nueva Constitución de 1991, el derecho al debido proceso se consignó en garantías muchos más amplias para los asociados, las cuales no se estaban aplicando al interior de los procesos judiciales que operaban bajo el imperio de la codificación procedimental civil de 1970, por lo que fue necesario concertar el derecho procesal con las garantías constitucionales, lo que vino a darse con la vigencia y aplicación del Código General del Proceso ley 1564 de 2012; dando lugar a la transformación del Derecho Procesal hacia la Constitucionalización del derecho Procesal, donde se propugna por la oralidad, inmediación, concentración y publicidad para garantizar la duración del plazo razonable del proceso, como garantía del debido proceso. El trabajo.Ítem Acceso abierto La notificación por estado y la garantía del derecho de defensa en el marco de la acumulación en procesos declarativos /(Corporación Universitaria del Caribe - CECAR, 2024) Cuello Cárcamo, William Rafael.; Díaz Figueroa, Luis Alberto.; Durán Rhenals, Hernando Lucio.; Navarro Galindo, Jaime.La notificación judicial es un acto procesal imprescindible para materializar el debido proceso en todas las actuaciones que en sede judicial se realicen, por ello, y teniendo en cuenta la forma de notificación que se prevé en el Código General del Proceso para la acumulación en procesos judiciales, surgió como objetivo general de investigación analizar la incidencia de la notificación por estado en la garantía del derecho de defensa en el marco de la acumulación en procesos declarativos para lo cual se utilizó una metodología cualitativa y la reflexión como principal herramienta de análisis, y así se describió la procedencia de la acumulación en procesos declarativos a través de la revisión de la normatividad y jurisprudencia de Colombia; se estableció el marco conceptual y las reglas de la notificación por estado en el ordenamiento jurídico colombiano mediante el análisis de los documentos hallados en bases de datos, y se explicó la relación entre la notificación por estado y la garantía del derecho de defensa a través de la aplicación de los conocimientos jurídicos previos y el desarrollo de los acápites anteriores. Finalmente, se consideró insuficiente la notificación por estado como forma de comunicación de la acumulación de demandas y procesos por la etapa procesal en la que se da esta figura y que requiere el máximo nivel de seguridad sobre el conocimiento de la misma para el ejercicio de una defensa adecuada y la materialización del debido proceso. El trabajo.Ítem Acceso abierto Procedencia de la acción de tutela contra sentencias de tutela a partir de la jurisprudencia de la corte constitucional de Colombia /(Corporación Universitaria del Caribe - CECAR, 2018) Vega Hernández, Mónica Margarita; Villegas Peña, Norlis; Valdelamar Montes, Jorge ArmandoLa acción de tutela es considerada hoy día como una de las mayores innovaciones constitucionales a partir de la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, siendo una de las herramientas jurídicas más utilizada y con mayor incidencia en todos los aspectos de la vida social y política del país. Por tal motivo, es necesario evaluar aquellos casos en los cuales se ha admitido su procedencia, y de forma específica, aquellos casos en los cuales se admite la procedencia excepcional de esta figura contra sentencias de tutela. El objeto central de este proyecto de grado es establecer la procedencia de la acción de tutela contra sentencias de tutela para la protección del derecho fundamental al debido proceso, a partir de la jurisprudencia de la Corte Constitucional en Colombia durante los años 2001-2015. Esta investigación es de tipo jurídica, descriptiva con enfoque cualitativo, y se utilizó como método el inductivo para analizar las posiciones doctrinales y jurisprudenciales frente al tema planteado. Se obtuvo como conclusión que, de acuerdo con la jurisprudencia actual de la Corte Constitucional es procedente la interposición de la acción de tutela contra sentencias de tutela, con el fin de salvaguardar el derecho fundamental al debido proceso en los eventos de violaciones graves al debido proceso y las derivadas de la cosa juzgada fraudulenta cuando ella se advirtiera en el fallo de tutela demandado. Así, se han fijado reglas formales de procedencia excepcional de la solicitud de amparo en contra de providencias judiciales de tutela, cuando se advierta la cosa juzgada fraudulenta, en cumplimiento de ciertos requisitos y sobre las actuaciones propias del trámite tutelar. El trabajo.Ítem Acceso abierto Saneabilidad de la nulidad de pleno derecho frente a la prueba obtenida con violación al debido proceso en el marco del Código General del Proceso Colombiano, años 2018-2023 /(Corporación Universitaria del Caribe - CECAR, 2023) Ricardo Caldera, Ricardo Junior; Narváez Mercado, BerónicaEn el presente trabajo más haya de lograr una definición de la nulidad de pleno derecho, la cual solo ha sido expresada por la Constitución y la ley, sin que haya sido definida por esas disposiciones y Colegiaturas, se hizo alusión al alcance de la expresión “pleno derecho”, diferenciándose de la sanción consagrada en la Constitución y la ley procedimental civil. Esto así, para lograr esa finalidad se definió que es un debido proceso, acto procesal y nulidad. De igual modo, se estableció que la sanción del artículo 29 de la Carta Magna y 14 de la ley 1564 de 2012 recae solo sobre la prueba obtenida con violación al debido proceso. La presente investigación constituye un trabajo de tipo descriptivo, realizado bajo un enfoque cualitativo, empleando fuentes secundarias de información, es decir, es un trabajo realizado teniendo como base fuentes documentales, tales como doctrina, artículos y jurisprudencia de la Corte Constitucional y Corte Suprema de Justicia, finalmente, se pudo concluir que el constituyente no abordó todas las posibles violaciones al debido proceso, de carácter legal. El trabajo.