Higuita Olaya, Gustavo Adolfo. | 2015

El contrato estatal de obra encuentra su basamento legal en el artículo 32 numeral 1 de la ley 80 de 1993 y se encuentra definido en los siguientes términos: “Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago”. De la anterior definición podemos extraer sus principales características y enmarcarlo en la clasificación de nominado, típico, bilateral, de tracto sucesivo y solemne. El contrato estatal de obra que en el presente artículo se pretende analizar bajo una observación critica, concienzuda y razonada, fue adjudicado bajo la modalidad de la licitación pública por lo que resulta menester realizar una definición suscita de lo que es la licitación pública en nuestro ordenamiento jurídico y de las definiciones que a nivel legal, doctrinal y jurisprudencial, en este sentido el parágrafo del artículo 30 de la ley 80 de 1993 establece “Para los efectos de la presente ley se entiende por licitación pública el procedimiento mediante el cual la entidad estatal formula públicamente una convocatoria para que, en igualdad de oportunidades, los interesados presenten sus ofertas y seleccione entre ellas la más favorable”; Así mismo el Honorable Consejo de Estado Colombiano en diferentes líneas jurisprudenciales ha coincidido en definir la licitación pública como un procedimiento de formación del contrato, que tiene por objeto la selección del sujeto que ofrece las condiciones más ventajosas para los fines de interés público, que se persiguen con la contratación estatal, según Enrique Sayagués Laso. Por su parte, Marienhoff precisa que la razón de ser de la licitación pública debe analizarse desde dos aspectos: con relación al Estado y con relación a los administrados. En cuanto al primero, explica, "la ‘ratio iuris’ no es otra que conseguir que el contrato se realice de modo tal que la Administración Pública tenga las mayores posibilidades de acierto en la operación, en lo que respecta, 4 Análisis De Licitación Publica No. 84- DIING/2007 por un lado, al ‘cumplimiento’ del contrato (calidad de la prestación, ya se trate de entrega de cosas o de la realización de servicios o trabajos; ejecución del contrato en el tiempo estipulado; etc.), y por otro lado, lograr todo eso en las mejores condiciones económicas." Y en relación con los administrados afirma: "con el procedimiento de la licitación también se busca una garantía para los particulares o administrados honestos que desean contratar con el Estado”.1 Las anteriores precisiones conceptuales tienen como fin académico único, ilustrar a los lectores de este artículo acerca de los conceptos referentes al contrato de obra y la modalidad de licitación pública, para con posterioridad demostrar tal y como se pretende las dificultades y vicisitudes que en la práctica genera la aplicación de estos conceptos y en especial para el caso que nos ocupa analizar.

Paéz López, Néstor Amaury | 2014

La siguiente investigación tiene como propósito estudiar la intermediación laboral y el contrato de prestación de servicios de los docentes oficiales en Colombia, así mismo demostrar, la manera como la tercerización laboral a través de las distintas modalidades de contratos disfrazados que se implementan en el sector educativo conducen a desconocer los derechos laborales mínimos establecidos en la constitución, a este tipo de trabajador. De igual manera se analizan los distintos pronunciamientos jurisprudenciales de las altas cortes con respecto al vínculo laboral y la manera como esta forma de contratación precariza el ejercicio de la actividad docente y conduce a dar contrataciones irregulares desdibujando el contrato realidad, generando con ello una desprotección del derecho al trabajo como derecho fundamental. Así mismo, se desconocen los fines esenciales del estado social de derecho y conducen de paso a que se desarrollen procesos pedagógicos de mala calidad en las instituciones educativas, afectando el desarrollo a nuestra sociedad y el de las futuras generaciones. De allí que no solo se debe mantener y garantizar la eficacia del mandato constitucional e implementar mecanismos de supervisión, inspección y vigilancia a las entidades públicas o privadas que utilicen la tercerización como herramienta para el desarrollo de actividades educativas y evitar así violación de los derechos laborales y prestacionales de los docentes que laboran bajo esta modalidad de contrato. Este tipo de intermediación laboral como son: El contrato de prestación de servicios, los bancos de oferentes y la vinculación a través de cooperativas de trabajo asociado, son contratos que afectan el reconocimiento de las prestaciones sociales, violentan el derecho de asociación y desconocen entre otras cosas los derechos al trabajo en condiciones dignas según lo preceptúa nuestra constitución en los artículos 23, 25, 26, 48, 53, 54, 57 y demás, así como también los distintos tratados internacionales vinculados al bloque de constitucionalidad.