Petro González, Ingrid Regina | 2018

La Constitución Política reconoce la existencia de jurisdicciones de carácter especial. Entre ellas la justicia penal militar colombiana, entendida como aquella que se encarga de la investigación y juzgamiento de delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el mismo (Chaparro, 2010). Los órganos adscritos a la justicia penal militar colombiana, no pertenecen a la rama judicial, sino a la rama ejecutiva del poder público, pues dependen del Ministerio de Defensa Nacional, Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar y su regulación constitucional se encuentra en el Capítulo VII Título 7. La justicia penal militar en Colombia, está regulada por disposiciones de naturaleza jurídica diversa, en ciertas ocasiones por decretos expedidos por el ejecutivo con fuerza de ley y en otras por leyes de la República. En la actualidad, esta jurisdicción encuentra su sustento normativo en las Leyes 522 de 1999 que en una misma norma se ocupa de la parte sustantiva y procedimental, y la Ley 1407 de 2010 la cual se encuentra vigente en su parte sustantiva, ya que hasta ahora no se ha implementado el Sistema Acusatorio para el Juzgamiento de los miembros de la fuerza pública, encontrándose además con la Ley 1765 de 2015 la cual reestructura la justicia penal militar y policial y se establecen requisitos para e desempeño de cargos al interior de la misma jurisdicción. Fundamentos normativos que ayudarán para que por parte de los operadores jurídicos se garantice el principio de imparcialidad al interior de la misma jurisdicción al momento de impartir justicia para los miembros de la fuerza pública.