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Bechara Llanos, Abraham Zamir | 2022

Con el presente escrito se busca mostrar como el principio de la eficiencia y su relación con la gestión pública, forma parte esencial en la administración pública. El objetivo central es analizar como el principio de la eficiencia y su relación entre el derecho administrativo y la gestión pública generan un impacto positivo desde los jurídico, ya que este tipo de normatividad le da participación a los usuarios en cual construye una verdadera disciplina jurídica entre lo público y lo privado, a pesar que algunos tratadistas consideran que puede generar confusión pero se debe tener presente que diferencias entre la eficiencia de la gestión pública y la esencia del derecho administrativo van de la mano y son fundamentales para una buena gestión administrativa consiguiendo la transparencia ante sus gobernados, para lo cual se hará una investigación bibliográfica para conocer las diferentes teorías y como afecta en muchos casos los procesos legales. El trabajo.

Mendoza Humánez, Mónica Marcela | 2022

El presente artículo, fue una revisión académica sobre estabilidad laboral relativa a la que tienen derecho los empleados nombrados en provisionalidad en Colombia. Esto, teniendo en cuenta el especial cuidado que se deriva en ellos, cuando son sujetos de especial protección, pero son declarados insubsistentes. Se hizo un estudio jurídico que desarrolló paralelismos de las circunstancias abren el camino para discusiones jurídicas sobre la protección de la estabilidad laboral, la protección del empleo y, por supuesto, la necesidad de promover actos administrativos que generen subempleo sobre la base de sustentar un juicio justo. Se planteó el objetivo de: valorar la estabilidad laboral relativa de los empleados nombrados en provisionalidad, por la expedición de los actos administrativos de declaratoria de insubsistencia. La metodología se desarrolló en una revisión bibliográfica de tipo jurídica, con enfoque descriptivo, en la que se utilizaron fuentes secundarias de información. Como resultados se obtuvo que existen suficientes bases legales en caso de convocatoria de declaración provisional de inexistencia de dicho funcionario en Colombia, como garantía de respaldo y protección de los derechos fundamentales de éste, que se fundamenta en la obligación de motivar dicho acto, así como de proteger especialmente a quienes estén en estado de vulnerabilidad, como los funcionarios cabeza de familia, pre-pensionados, o personas con alguna limitación. Finalmente, se concluyó que Lo anterior, resaltando la coyuntura con base a la cual, aunque deben protegerse estas prerrogativas descritas, la realidad social que se evidencia en la burocracia colombiana, es que se declaran insubsistentes, sin ningún tipo de argumento, basados en que el carácter y naturaleza de nombramiento en provisionalidad lo permite así; y muy a pesar de los precedentes jurisprudenciales al respecto. El trabajo.

Romero Gutiérrez, Gunkell | 2022

El presente trabajo investigativo tiene como finalidad establecer el alcance jurídico de la responsabilidad del delegatario según sentencias judiciales, para lograr el objetivo me he planteado primeramente la conceptualización de la delegación administrativa y responsabilidad solidaria, seguidamente se establecerá el régimen constitucional y legal de la delegación en el marco jurídico colombiano, y finalmente se establecerá la sentencia es más relevantes de la corte constitucional y el Consejo de Estado sobre la responsabilidad del delegatario dentro del ordenamiento jurídico colombiano. Así las cosas, este análisis busca ahondar sobre la figura de la delegación y así como la responsabilidad patrimonial del delegatario para poder definir hasta qué punto le corresponde a este responder cuando le son otorgados facultades o potestades por parte del delegante. Sin embargo, mediante este análisis igualmente se hace un señalamiento sobre la responsabilidad del incumplimiento de deberes de inspección y cuidado a los actos que realice el delegatario en la actividad pre contractual y contractual del Estado. El trabajo.

Díaz Fernández, Dairo David | 2022

Por medio del presente trabajo, hemos querido desarrollar un análisis jurisprudencial, cuyo propósito es reconocer la aplicación de la figura “acción de nulidad y restablecimiento del derecho”, dentro de los procesos sancionatorios disciplinario de suspensión por un tiempo determinado a un servidor público, expedido por las personerías distritales. Expedida en la Sección segunda del Consejo de Estado Colombiano, centrando nuestra argumentación a las sanciones disciplinarias de suspensión. El trabajo.

Lorduy Viloria, Jorge | 2023

El Estado colombiano a través de sus entidades de forma constante está expidiendo actos administrativos en cumplimiento de su función administrativa, los cuales deben apegarse al ordenamiento jurídico, procurando siempre de no generar efectos dañinos a sus destinatarios, sin embargo, cuando esto sucede nace el deber de reparar a quienes se ven afectado por dicha manifestación. En esta medida, en este trabajo se propuso como objetivo general Analizar los factores de atribución que se han establecido en Colombia para la determinación de la responsabilidad patrimonial del Estado por los actos administrativos generadores de daño Antijurídico. En virtud de ello, se utilizó una investigación jurídico-descriptiva y el enfoque cualitativo. Como resultado se determinó que, tanto con los actos administrativos ilegales, inconstitucionales como los lícitos se puede declarar la responsabilidad patrimonial del Estado y para ello es necesario que dentro del curso del proceso judicial se acredite la existencia de un daño antijurídico, el cual debe ser imputable al estado y una relación causal entre los dos primeros, pero, además, se debe verificar la caducidad del medio de control que se utilice para tal fin y el título de imputación. Se concluyó que, el criterio esencial es la acreditación del daño Antijuridico. El trabajo.

Márquez Cárdenas, Sandra Milena | 2022

La dinámica del conflicto colombiano ha sido cambiante, han existido diversos actores como también las técnicas e instrumentos que utilizan, entre ellos el terrorismo, que es considerada una de las más lesivas para la vida, bienes e integridad de las personas que se ven afectadas con ello. Este tipo de actos pueden generar responsabilidad del Estado de determinarse de acuerdo con el tipo de título de imputación, sea falla del servicio, riesgo excepcional o daño especial que se cumplen los elementos que estos exigen para tal finalidad. En atención a lo indicado se propone como objetivo general determinar cuando el Estado colombiano está en el deber jurídico de indemnizar a las personas cuando han sufrido daño a causa de un acto terrorista. Metodológicamente se hizo uso de una investigación jurídica, del enfoque cualitativo, del método de comparación y análisis. Como resultado se pudo establecer que el criterio dominante de la jurisprudencia para determinar si existe o no responsabilidad por este tipo de actos se ha hecho bajo el título de falla del servicio, en los casos en que el Estado no repele el ataque a pesar de tener conocimiento de su inminencia o alta probabilidad de ocurrir, sin embargo, no todos los hechos de esta naturaleza son susceptibles de ser reparados. Así mismo, se tiene que como excepción se maneja el riesgo excepcional y como última opción el daño especial como resultado del rompimiento del principio de igualdad. En fin, es necesario que se demuestren los tres elementos de responsabilidad: daño, imputable al Estado y nexo causal. El trabajo.

Caballero Hernández, Joe | 2023

El silencio administrativo es una figura que no es novedosa en Colombia, pero que surgió para salvaguardar la fundamentalidad de la petición cuando este se ejerce ante las autoridades administrativas y esta omiten dar respuesta en los términos de legales. En esta medida ha sido la ley quien ha determinado cuando hay lugar a hacer uso de esta figura, como también los efectos que esta genera, es decir, si la respuesta se entiende como negativa o positiva. De acuerdo con lo anterior, en este trabajo se tuvo como objetivo general Establecer el desarrollo histórico normativo del silencio administrativo en el derecho administrativo colombiano. En cuanto a la metodología se trata de una investigación jurídica desarrollada desde una perspectiva cualitativa y un análisis hermenéutico. Al final se determinó que el silencio administrativo se reglamentó en el país desde el año 1984, y posteriormente se han expedido normas que han integrado aspectos relativos a este, encontrándose su regulación actual en la Ley 1437 de 2011, sin embargo, se puede afirmar que no ha tenido un desarrollo legislativo amplio. El trabajo.

Romero Gutiérrez, Gunkell | 2022

El objeto de este artículo, es entregar a la comunidad académica de la Corporación Universitaria del Caribe-CECAR y de aquellos interesados en la temática relacionada con los actos administrativo y su notificación, haciendo alusión en una primera instancia de sus orígenes, lo cual nos lleva a esbozar lo que se ha dicho en Colombia a cerca del acto administrativo desde diferentes doctrinantes y el Consejo de Estado, la importancia que reviste cuando un acto administrativo es notificado o no, y si ello representa un problema de validez o de eficacia, en tal efecto, se expresan en este escrito las acepciones cotidianas del efecto que surten las notificaciones de los actos administrativos. Este tema tiene un enfoque disciplinar que vincula el derecho administrativo. El trabajo.

Palencia Sánchez, Katia | 2022

El principio de notificación en la eficacia administrativa parte de una naturaleza jurídica, de unas obligaciones reguladoras y unos requisitos para su materialización, debido a que los efectos que produce en los actos jurídicos son directamente dependientes al cumplimiento de la eficacia que estos actos pueden tener, por lo cual el objetivo de esta investigación fue identificar la eficacia administrativa en el principio de notificación y sus efectos en los actos jurídicos en la Alcaldía del municipio de Puerto Escondido, departamento de Córdoba, desde el año 2017 al año 2021. Por ello esta investigación se enmarco en un paradigma interpretativo, de diseño cualitativo, de tipo revisión teórica o documental. Para el desarrollo de este estudio se utilizó una estrategia de búsqueda de trabajos, artículos, y sentencias que contemplaron estudios publicados que han investigado acerca de la efectividad de los actos administrativos desde el principio de eficacia en la notificación, sobre los efectos que produce en los actos jurídicos, que contribuyan a que las notificaciones no solo sean actos que logren un objetivo, sino que den efectividad a los actos jurídicos. Los términos de rastreo incluyeron bases de datos (Scielo, ScienceDirect, Redalyc, Google Scholar y Scopus), la metodología que aplican dichos estudios y la revisión por pares. De igual forma se tuvo en cuenta libros electrónicos, tesis, artículos, sentencias, así como las bases de datos de la alcaldía de Cereté, y el Juzgado primero de este mismo municipio, que se desprenden de los actos administrativos emitidos entre los años 2017 a 2021. Como resultado se obtuvo que la nulidad de los actos administrativos son el resultado del no cumplimiento del principio de publicidad y los procesos de notificación carecen de métodos legales para su eficacia. En conclusión, la función de las entidades públicas, es conveniente en el contexto administrativo notificar aquellos conflictos que se generen y hacer dicha notificación con eficacia, para que las decisiones jurídicas que se emitan no sean anuladas o derogadas. El trabajo.

Narváez Mercado, Berónica | 2019

La doctrina y la jurisprudencia colombiana exigen un elemento esencial para que se configure la imputación al Estado por el daño que se le ocasione a uno de los ciudadanos, en donde el daño debe tener una causa, por cuanto, es conveniente resaltar que, la causa que ha conllevado a dicho daño tiene relación directa con el hecho, por lo que la doctrina lo ha llamado nexo causal. De hecho, cabe resaltar que, en nuestra Constitución Política, en su artículo 90, nos aclara que todo daño que se le ocasione a un ciudadano por acción u omisión de un agente del Estado, debe ser indemnizado patrimonialmente por el Estado, imputándosele al Estado la responsabilidad por ese daño antijurídico, ya que el ciudadano no estaba obligado a soportar dicha carga. Por lo anterior el Consejo de Estado le atribuye la responsabilidad al Estado por los daños causados a sus ciudadanos por los diferentes títulos de imputación adoptados por la doctrina, de ello existen sentencias condenatorias con indemnizaciones altas para disminuir los perjuicios ocasionados. Por ende en el estudio de caso desarrollado se concluyó que las políticas públicas en el municipio de Sampués Sucre, se ha estado desarrollando de manera deficiente, puesto que han existido omisiones por parte de la administración, en la vigilancia de la ejecución de los proyectos que conllevan el mejoramiento del suministro de agua potable en el municipio, dejando como consecuencia daño en bien ajeno, por el deterioro ocasionado a las diferentes viviendas de algunos ciudadanos, a causa de las maquinarias utilizadas para el desarrollo de esta obra. El trabajo.

Palencia Sánchez, Katia Marcela | 2019

La constante evolución del derecho y la introducción de teorías como la del daño antijurídico, en el transcurso de los días, se han permitido un sin número de conceptos nuevos, tales como, la idea de atribución de responsabilidad sobre aquellos hecho que se vinculan directamente a la administración de justicia, y por cuanto esta, deba indemnizar por el daño ocasionado; no obstante, frente a esta teoría se han emitido diversas opiniones, precisamente al implicar la afectación de la sociedad, traducido en un mayor complejidad. En dicho sentido, el estudio que se llevó a cabo en esta investigación pretendimos conocer cuál es el estado actual de la responsabilidad extracontractual del estado colombiano, en el marco del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, y será realizado bajo el paradigma interpretativo de diseño cualitativo de tipo revisión teórica. Para su desarrollo se tomaran artículos de investigación y/o documentos en los cuales se desarrolle el tema propuesto, asi como sentencias dictadas por parte de la Corte Constitucional, procurando ser obtenidos de bases de datos como Vlex, ProQuest y la relatoría de la Corte Constitucional, teniendo en cuenta criterios de inclusión como: el periodo entre 2000 hasta 2018, la responsabilidad extracontractual del estado, el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y el daño antijurídico. Los resultados obtenidos demuestran que el indebido funcionamiento de la Administración de Justicia se produce en las actuaciones judiciales que son consideradas como necesarias para adelantar el proceso o la ejecución de las providencias judiciales. El trabajo.

Márquez Cárdenas, Sandra Milena. | 2022

Una de las novedades introducidas con la Ley de Víctimas contenida en la Ley 1448 de 2011 es la creación del Programa Administrativo de Reparación Colectiva, mecanismo que tiene como fin la recuperación de los niveles de confianza institucional en la comunidad afectada por el conflicto armado desde el diálogo ciudadano, contribuyendo a la reconciliación. El objeto general de esta investigación consistió en determinar cuáles son los alcances del proceso de reparación colectiva llevado a cabo por parte de la Unidad de Atención y Reparación de Víctimas en el Departamento de Sucre, específicamente en Libertad, San Onofre durante los años 2012-2020. Esta investigación es de tipo jurídica, con enfoque cualitativo, cuyo método utilizado fue el análisis documental de fuentes secundarias, específicamente normas jurídicas, doctrina nacional y extranjera sobre el tema planteado. Se concluyó que, la Unidad de Atención y Reparación de Víctimas ha desplegado esfuerzos continuados en la implementación del PIRC, no obstante, estos no son visibles para las víctimas quienes no precisan avance alguno en lo que refiere al cumplimiento del plan. El trabajo.

Díaz Fernández, Dairo | 2022

El estudio del fenómeno de la responsabilidad atribuida al Estado por los hechos del legislador ha sido una labor dispendiosa desarrollada en la Corporaciones de cierre, que, mediante la doctrina y la jurisprudencia, han resuelto diversos problemasjurídicostras la presunta trasgresión de derechos fundamentales, al ser una norma declarada inexequible con posterioridad a su promulgación. Bajo esta circunstancia el Consejo de Estado o su defecto la Corte Constitucional, son quienes tiene la última palabra en el momento de determinar la responsabilidad de la Nación por el hecho del legislador; para mas claridad en el asunto en comento, se tomó la sentencia Consejo de Estado Sala Plena, Sentencia, 25000232600020030020801 (28769), 13/03/2018, con ello tener más precisión de cuando surge la responsabilidad por el hecho del legislador, surgiendo como interrogante ¿Es responsable la Nación-Congreso de la República por los perjuicios causados por la expedición y posterior declaratoria de inexequibilidad de un Ley, sin efectos retroactivos por la Corte Constitucional? El trabajo.

Lorduy Viloria, Jorge | 2022

En Colombia la jurisdicción contenciosa administrativa se ha reconocido siempre como lenta y sobrecargada, hoy día la congestión judicial es una de las grandes problemáticas que enfrenta, con estadísticas de alto grado de rezago judicial y procesos que tardan mucho tiempo por lo cual la justicia electrónica supone una de las principales estrategias para superar esta problemática y garantizar el acceso a la administración de justicia en esta jurisdicción, de allí que se planteará analizar la incidencia dela incidencia de la justicia electrónica en el proceso contencioso administrativo para la garantía de acceso a la administración de justicia en el marco de la emergencia actual; para lo cual se revisó el estado de la administración de justicia en el marco de la misma; se mencionó la importancia de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la garantía de acceso a la administración de justicia; y, se identificaron las normas que hacen posible la implementación de la justicia electrónica en el proceso contencioso administrativo. Para ello se utilizó el paradigma interpretativo de la investigación, con un corte transversal y una revisión documental de la investigación jurídica, mediante métodos cualitativos y bajo el análisis jurídico de la información recolectada, lo que permitió concluir que existen en la actualidad normas que permiten la aplicación plena de las nuevas tecnologías en el proceso contencioso administrativo, por lo cual no se debe dar marcha atrás en estas acciones, sino continuar, aún después de la pandemia, con la aplicación de las mismas. El trabajo.

Palencia Sánchez, Katia Marcela | 2019

La ley 1952 de 2019 fue expedida el 28 de enero de 2019, sancionada por el Presidente de la Republica Iván Duque Márquez y que empieza a regir el 28 de mayo de 2019, por la cual se expide el Código General Disciplinario y deroga a su vez al Código Disciplinario Único o ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 del 2011. Esta norma contiene 265 artículos y determina los sujetos disciplinables; las causales de extinción de una acción o de la sanción y los derechos, deberes, prohibiciones, incompatibilidades, impedimentos, inhabilidades y conflictos de intereses de los servidores públicos, entre otros temas procesales y sustanciales. Ante este panorama surge la necesidad de investigación de este proyecto el cual busca analizar la ley 1952 de 2019 para identificar los cambios e implicaciones que trae consigo respecto de la ley 734 de 2002 anterior Código Disciplinario Único. La investigación se efectúo en un contexto jurídico, puesto que se encuentra establecida en el ordenamiento jurídico colombiano, enmarcándose en el paradigma interpretativo porque se analizara e interpretara la ley 1952 de 2019, siendo una investigación de análisis de contenido, puesto que se hará un análisis de texto de la legislación de Colombia, en específico del Código Disciplinario Único y el Nuevo Código General Disciplinario, donde se revisara cada párrafo y se hará una comparación con respecto a las implicaciones de la nueva norma. La principal conclusión obtenida es sin duda, la innovación que el nuevo Código General Disciplinario introduce en la jurisdicción administrativa disciplinaria idoneidad e impulsa el cumplimiento de los principios en el derecho disciplinario. El trabajo.

Narváez Mercado, Berónica | 2019

El presente trabajo tuvo como objetivo identificar y analizar las Sentencias proferidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cuyos casos el Estado de Colombia ha sido condenado por incumplir la Convención Americana de Derechos Humanos, en el marco del Conflicto armado colombiano. Este propósito se alcanzó a través de la metodología del análisis cualitativo-documental, en el que se revisaron las 19 Sentencias del orden interamericano en contra de Colombia, a partir del año 1995 hasta el año 2018. Se trató de un cuidadoso análisis de una jurisprudencia discutida y analizada en el ámbito americano desde diferentes aristas, pero con poca discusión y abordaje académico en nuestro Derecho. El resultado de dicha revisión concluyó que el Estado de Colombia ha sido declarado responsable internacionalmente en su gran mayoría por hechos relacionados con el conflicto armado interno, cuya violación a la Convención Americana ha sido de forma reiterativa. Producto de estos fallos que han abordado problemáticas complejas al Estado de Colombia se le han endilgado además de responsabilidades de contenido judicial, ordenes de tipo social y económico que transcienden significativamente la construcción de Estado de Derecho en un país que se consolida a una paz estable y duradera. El trabajo.

Mendoza Humánez, Mónica Marcela | 2019

A través de lo largo de la historia la mujer ha sido discriminada laboralmente y una de las mayores manifestaciones de esa discriminación ha sido siempre el despido injustificado por su estado de gravidez, el cual la pone en una situación de debilidad manifiesta y la convierte en sujeto de especial protección por parte del Estado; es por ello que debido al vacío normativo existente sobre la materia, el máximo órgano constitucional vía jurisprudencial ha desarrollado el principio de la Estabilidad Laboral Reforzada, el cual tiene como fin en estos casos en específico que la mujer no sea separada de su cargo por motivo de su condición gestacional. En el presente trabajo de investigación se realizó un análisis jurisprudencial para determinar de qué manera la Corte Constitucional aplica la estabilidad laboral reforzada en la mujer embarazada que presta sus servicios en la administración pública colombiana, encontrándonos con unas reglas aplicables para cada caso en concreto objeto de nuestro estudio, mediante las cuales la corte buscó garantizar la protección de los derechos fundamentales que se pueden ver amenazados o violentados ante estas situaciones, como son el derecho al trabajo, a la vida digna y al mínimo vital. El trabajo.

Narváez Mercado, Berónica | 2019

De la revolución francesa, la cual supuso un punto de partida para muchos otros movimientos en búsqueda del reconocimiento de derechos y libertades, se obtiene un amplio catálogo de derechos dentro de los que tuvo una gran relevancia el derecho a la igualdad, del cual se desprendió el derecho a una aplicación uniforme de las normas y del derecho a elegir y ser elegido. Con esto, cualquier ciudadano podía acceder a cualquier empleo o cargo público, siendo necesario que el ingreso a estos cargos como funcionario se realizara atendiendo a factores como son la capacidad, talento y las virtudes que pueda tener cada candidato, siendo rechazada cualquier otro tipo de elección que tenga como consecuencia una discriminación. A pesar de todo esto, en Colombia hasta fechas muy recientes se seguía manteniendo un tipo de elección basada en el clientelismo, tendiente a una “colaboración mutua” con el fin de acceder a determinado tipo de cargo, haciendo de esta manera inviable el acceso de cualquier ciudadano con capacidad a los cargos públicos con la existencia de cargos únicamente de libre nombramiento y remoción en la práctica, independientemente de la existencia de normas que abogaban por el acceso a estos cargos mediante un concurso de méritos. Con el fin de evitar esta situación, se llevaron a cabo diferentes modificaciones legislativas, por una parte, para garantizar el derecho a la igualdad en el acceso a los cargos públicos y, por otra, a la protección de los servidores públicos que habían sido elegidos para cargos de libre nombramiento y remoción. El trabajo.

Palencia Sánchez, Katia Marcela | 2018

En el presente ensayo, abordaremos ampliamente el concepto de la revocatoria directa en materia administrativa, como surge, como se va perfeccionando en aras de contribuir a la eliminación de actos administrativos de forma eficiente dando aplicación a los principios de efectividad, eficacia y celeridad; así como también abordaremos la procedencia de esta herramienta para suprimir de la vida jurídica aquellos Actos expedidos que resulten inmersos en causales tales como que sean violatorios de la Constitución y la Ley, causen agravios injustificados a una persona cuando no estén acordes con el interés público o social, procurando la efectividad material que debe llevar implícito el acto administrativo para producir efectos jurídicos, entendiendo así la revocatoria directa como aquella institución que busca contribuir al descongestionamiento de los despachos judiciales a través de la facultad concedida a la propia administración para revocar de oficio o a petición de parte un acto administrativo. El trabajo.

Palencia Sánchez, Katia Marcela | 2017

Colombia es un Estado Social de Derecho, ello implica que el Estado debe garantizar el libre desarrollo del ser humano, y que a este se le respeten unos derechos sociales que claramente van más allá de la mera enunciación de unos derechos civiles. Conlleva, según la Constitución Política de 1991, que todas las leyes y normas deben estar orientadas y dirigidas a satisfacer la dignidad humana de lo contrario sería inconstitucional. Lo anterior, permite reflexionar sobre uno de los cambios más significativos, sino el más importante en la constituciónalizacion del Estado colombiano. En consonancia, en el presente artículo se analiza el significado de la cláusula social y los contenidos que permitieron acuñar el término que hoy conocemos como “Estado Social”, y que fue consagrado como decisión política por el constituyente primario en la Carta Política de 1991; inclusión normativa, que produce implicaciones no solo sociales, sino también gubernamentales y políticas intrínsecas a la definición de Colombia, como un “Estado Social de Derecho” al tenor del preámbulo1 y el artículo primero de la Carta Fundamental. Es relevante anotar, que la importancia del estado social derecho, radica en el respeto de los derechos humanos y el acatamiento de los principios rectores de la actuación estatal, en este sistema se fusiona el concepto de social y de derecho respectivamente, en este sentido "... el concepto de estado social de derecho se desarrolló en tres principios orgánicos: legalidad, independencia y colaboración de las ramas del poder público para el cumplimiento de los fines esenciales del estado. El trabajo.