La Constitución Política de 1991, consagró en su artículo 7 la diversidad étnica y cultural en la siguiente forma: “El estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana” como respuesta a una realidad socio cultural que ha estado presente durante toda la historia del país. El legislador con base en este principio otorgó una serie de prerrogativas y derechos constitucionales a favor de las minorías étnicas, principalmente de las comunidades indígenas a quienes no solo se les otorgó derechos individuales como personas y ciudadanos, sino que así mismo se les reconoció como miembros de un colectivo y con una organización política y social especifica cuyas costumbres, normas y procedimientos fueron de igual forma incorporados dentro del orden jurídico nacional a través de la jurisdicción especial indígena.
