Vargas-Chaves, Iván | 2020

En la actualidad, el Derecho tiene que regular temas que en el pasado eran impensables. Esto por los avances científicos y tecnológicos de la sociedad; dichos avances se han visto en diferentes áreas, entre ellas el área de la salud. Este es el caso de la donación y el trasplante de órganos y tejidos anatómicos. Colombia, por su parte, ha sido juiciosa en la regulación de temas relativos a esta materia. Sin embargo, frente a situaciones particulares y debido a vacíos normativos, los encargados de resolver las controversias surgidas en el marco de este procedimiento médico han sido los administradores de justicia, sobre todo las Altas Cortes. Para esto, el ordenamiento jurídico ha adoptado el concepto de la donación como un procedimiento médico que se lleva a cabo a partir de la disposición de una persona o de su representante legal, de ceder sus componentes anatómicos para trasplante o investigación científica, mientras esté vivo o luego de fallecer (Abboud & Pérez, 1999). Sobre esa base, los órganos y tejidos anatómicos, por su naturaleza, se configuran como componentes que no hacen parte del patrimonio de una persona, y, aunque se extraen del cuerpo vivo o del cadáver, no representan un carácter extrapatrimonial, en tanto no hay empobrecimiento ni enriquecimiento patrimonial respecto al donante o a sus familiares.

Vargas-Chaves, Iván | 2020

El derecho se sitúa como una institución al servicio de la sociedad, en el contexto de los debates generados por las teorías contemporáneas de la justicia; más allá, de un ente al cual ésta debe su sometimiento. Con la presente obra colectiva, los autores reafirman el llamado de atención a repensar el derecho desde este enfoque, a través de distintas aproximaciones en temas como salud, ambiente, servicios públicos y seguridad social. Un primer conjunto de las reflexiones que aquí se recogen son el producto del diálogo permanente de los integrantes del grupo con la realidad global y con problemáticas de trascendencia para la justicia global. Algunas de estas reflexiones fueron presentadas en el IV Coloquio Internacional de Investigadores en derecho, organizado por las Universidades Nacional Autónoma de México, de León (España), de Vigo (España), de La Habana (Cuba), Federal de Pernambuco (Brasil), y Tecnológica de Bolívar (Colombia). Los aportes académicos que se presentan aquí no poseen otra pretensión que la de compartir los resultados de su quehacer investigativo.

Vargas-Chaves, Iván | 2020

Desde hace casi un siglo, la contaminación generada por la industrialización empezó a ocupar las agendas de la política ambiental en los países desarrollados. Con la introducción de la energía nuclear el problema se trasladó a los residuos y, con la masificación de los productos que agotan la capa de ozono, otra preocupación se añadió a la lista. De unas décadas para acá, el cambio climático se situó en los primeros lugares de la agenda pública, junto con la deforestación, la minería y la pérdida de biodiversidad, entre otros factores de deterioro ambiental. Como resultado de este cúmulo de factores, nuestra sociedad y el ambiente atraviesan por un escenario de riesgos que le sitúan en un momento crítico, en el que se hacen notorios los daños reversibles e irreversibles ocasionados y en donde las decisiones que desde ahora se adopten para mejorar esta situación, marcarán las futuras condiciones de vida de las generaciones venideras. En este contexto, la gestión del riesgo y la innovación ambiental se erigen como un imperativo para el Estado y para el sector privado. Prueba de ello es la implementación de políticas que fomentan el desarrollo de metodologías, dispositivos y proyectos para monitorizar los riesgos. De igual modo se generan incentivos a quienes desarrollen productos, procesos y servicios que sean una apuesta a la sostenibilidad o que mitiguen impactos ambientales negativos asociados a la actividad económica de donde provienen.