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El derecho de retractación en colombia a partir del nuevo estatuto de protección al consumidor

Resumen en español

El 12 de abril de 2012 en Colombia, se establece el nuevo Estatuto del Consumidor, a través de la Ley 1480 de 2011, el cual se establece como el cuerpo normativo con un explícito enfoque de protección al consumidor en todas sus manifestaciones comerciales, a partir de lo cual es importante conocer sus alcances de cara a todas aquellas actividades que involucran a un consumidor. Dicha ley se reconoce como el fruto de una labor de consenso de más de cuatro años, en la cual la Universidad Externado de Colombia sirvió de escenario para que academia, consumidores y empresarios llegaran a presentar un texto al Congreso de la República, bajo el liderazgo del representante Simón Gaviria, para ser discutido, aprobado y finalmente sancionado como ley de la República por el Presidente Juan Manuel Santos. Dentro de las variables que determinan la importancia del derecho al consumidor radica el impacto que sus normas, como pocas, poseen sobre la totalidad de las personas que componen una sociedad. Es así, como en dicha ley se establece formalmente como se ha hecho en otros sistemas jurídicos el proceso de retractación como una herramienta de control jurisdiccional oportuno en relación con todos los contratos, y no solo en aquellos caracterizados por la asimetría de poderes entre las partes. Es generalmente aplicable a favor de la parte que sufre la retractación arbitraria se identificándola como un resarcimiento del interés negativo: el contratante desilusionado puede obtener el reembolso de los gastos asumidos y el resarcimiento de las oportunidades de ganancias perdidas como consecuencia de la confianza depositada en la realización del negocio. Con base en dichas ideas, el presente documento establece una descripción sobre la realidad del derecho de Retractación en Colombia a partir del nuevo Estatuto de Protección al consumidor, dando un repaso a algunos de los avances que nos trae la nueva normatividad y la actualización de algunas otras figuras claves para la protección al consumidor.