Publicación: ESTUDIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y EL DERECHO HUMANO A LA SEGURIDAD JURÍDICA EN MÉXICO
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Resumen
En los últimos años la violencia ha incrementado considerablemente a nivel nacional, del mismo modo que la impunidad del castigo del delito; así lo revela el Índice de Paz en México 2017 que reporta que el nivel de paz tuvo un deterioro de 4 por ciento en 2016, (Aristegui, 2016). Particularmente en los municipios (en lo local) se vive una ola de violencia que se ha ido “naturalizando” y que va en aumento, donde la seguridad pública no es un derecho tangible. Lo anterior se reitera de acuerdo a lo que señala la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE) en donde el 73.2% de la población a nivel nacional posee una percepción de la inseguridad, a su vez Jalisco no es la excepción pues casi el 70% de su población se siente inseguro, (INEGI, 2015). Ello cobra relevancia pues de la existencia de un estudio de políticas públicas en materia de seguridad que determine cuáles son las bases para el desarrollo y planeación de políticas públicas en torno a la seguridad pública a pesar de los esbozos del Estado por garantizar un estado de derecho, que desde luego, defienda y promueva los derechos humanos, lo que incluye el derecho a la seguridad jurídica, a grandes rasgos se estima que por concepto de seguridad se destina 25 mil 130 pesos por cada mexicano, lo que en 2016 represento el 18 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) (Aristegui, 2016).
Resumen
Abstract In recent years violence has increased considerably at the national level, as has impunity for the punishment of crime; this is revealed by the Peace Index for Mexico 2017, which reports that the level of peace deteriorated by 4 percent in 2016 (Aristegui, 2016). Particularly in the municipalities (locally) there is a wave of violence that has been “naturalized” and is increasing, where public security is not a tangible right. This is reiterated according to the National Survey of Victimization and Perception of Public Security (ENVIPE) where 73.2% of the population at the national level has a perception of insecurity, in turn Jalisco is no exception because almost 70% of its population feels insecure, (INEGI, 2015). This becomes relevant because of the existence of a study of public policies on security that determines what are the bases for the development and planning of public policies around public security despite the outlines of the State to guarantee a rule of law, which of course, defends and promotes human rights, including the right to legal security, broadly it is estimated that the concept of security is 25,130 pesos per Mexican, which in 2016 represents 18 percent of Gross Domestic Product (GDP) (Aristegui, 2016).
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