Publicación: La Ley Nacional de Extinción de Dominio desde la perspectiva de los derechos humanos
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La Ley Nacional de Extinción de Dominio ha generado un gran debate desde su aprobación en el año 2019. Esta ley establece que una persona puede ser privada de sus posesiones o derechos de propiedad si tiene bienes cuya legítima procedencia no puede acreditarse o si esos bienes son producto de hechos ilícitos. El propósito de esta ley, que se discutió en un contexto político y social de “cero tolerancia” a las actividades delictivas, es armonizar las leyes mexicanas con las obligaciones asumidas por el Estado en materia de lucha contra el crimen organizado transnacional. Sin embargo, se ha señalado de manera recurrente que algunos de los contenidos de este ordenamiento podrían ser violatorios de derechos humanos como la presunción de inocencia, los derechos de seguridad jurídica o el derecho a la propiedad. Es por ello que en esta investigación se realizó un análisis de los contenidos de la ley para determinar si algunos de sus preceptos violan los derechos reconocidos en diversos instrumentos nacionales e internacionales.
Resumen
The National Domain Extinction Law, which establishes that a person can be deprived of the rights of holding or ownership if he owns assets that are a product of illicit activities or cannot track or prove that his assets have a legitimate origin, has generated a lot of debate after its approval in 2019. The aim of this legislation, passed in a political and social context of “zero tolerance”, is to harmonize Mexican law with international obligations contracted by the country in the fight against transnational organized crime. However, it has been pointed out that some of its contents could violate human rights as the guarantee of legal certainty for owners, the presumption of innocence or the respect for private property. That’s the reason why this research outlines an analysis of the articles contained in this law to determine whether or not they violate rights recognized in several international conventions and domestic law.