La intermediación laboral y el contrato de prestación de servicios en los docentes oficiales en Colombia

Abstract

La siguiente investigación tiene como propósito estudiar la intermediación laboral y el contrato de prestación de servicios de los docentes oficiales en Colombia, así mismo demostrar, la manera como la tercerización laboral a través de las distintas modalidades de contratos disfrazados que se implementan en el sector educativo conducen a desconocer los derechos laborales mínimos establecidos en la constitución, a este tipo de trabajador. De igual manera se analizan los distintos pronunciamientos jurisprudenciales de las altas cortes con respecto al vínculo laboral y la manera como esta forma de contratación precariza el ejercicio de la actividad docente y conduce a dar contrataciones irregulares desdibujando el contrato realidad, generando con ello una desprotección del derecho al trabajo como derecho fundamental. Así mismo, se desconocen los fines esenciales del estado social de derecho y conducen de paso a que se desarrollen procesos pedagógicos de mala calidad en las instituciones educativas, afectando el desarrollo a nuestra sociedad y el de las futuras generaciones. De allí que no solo se debe mantener y garantizar la eficacia del mandato constitucional e implementar mecanismos de supervisión, inspección y vigilancia a las entidades públicas o privadas que utilicen la tercerización como herramienta para el desarrollo de actividades educativas y evitar así violación de los derechos laborales y prestacionales de los docentes que laboran bajo esta modalidad de contrato. Este tipo de intermediación laboral como son: El contrato de prestación de servicios, los bancos de oferentes y la vinculación a través de cooperativas de trabajo asociado, son contratos que afectan el reconocimiento de las prestaciones sociales, violentan el derecho de asociación y desconocen entre otras cosas los derechos al trabajo en condiciones dignas según lo preceptúa nuestra constitución en los artículos 23, 25, 26, 48, 53, 54, 57 y demás, así como también los distintos tratados internacionales vinculados al bloque de constitucionalidad.